En el lustro comprendido entre 1997 y 2001 se produjo la explosión y difusión a gran escala de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La generalización de la telefonía móvil en todos los sectores sociales, la aparición de la televisión digital de pago, el acceso a Internet, la creación de empresas y servicios de comunicación on line, etc., fueron las evidencias del crecimiento y expansión desmedida de las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana. La administración del gobierno Clinton en EE.UU., y de forma más tímida, la Comisión de la Unión Europea, impulsaron, avalaron y apoyaron decididamente el desarrollo de estas tecnologías digitales como condición necesaria para el desarrollo de lo que se ha venido a llamar como sociedad de la información o del conocimiento.
Las administraciones gubernamentales se lanzaron a publicitar y apoyar la proyección y aplicación de las nuevas tecnologías en todos lo ámbitos y sectores sociales: economía de servicios, en sanidad, en la administración pública, en las finanzas, la educación, entre otros. Estaba en juego, y todavía sigue estando, una lucha de intereses por posicionarse ante el desarrollo de la economía informacional y que representa una nueva forma de capitalismo (Castells, 2000). EE.UU. siempre lideró este tipo de mercado, y Europa siempre ha sido consciente de su retraso respecto a la hegemonía de las empresas tecnológicas norteamericanas. Por ello, la Unión Europea ha puesto el acento en un modelo, al menos formulado teóricamente en los documentos oficiales, en el que se conjugase el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones y del software con la participación de los distintos sectores y grupos sociales ciudadanos intentando evitar, en la medida de lo posible, la exclusión de minorías. Los programas europeos como Youthstart, Now, Adapt, Integra, Horizon, entre otros, fueron medidas tomadas para facilitar el acceso al trabajo y la integración social de grupos desfavorecidos.
El proceso institucional de introducción escolar de las nuevas tecnologías de esta segunda ola fue impulsado por la apuesta decidida emprendida por la Administración de Clinton/Gore en EE.UU. por una parte, junto con las acciones de la Comisión Europea por otra. De este modo en Norteamérica se articularon programas federales desde el Departamento de Educación como el Getting America’s Students Ready for the 21st Century: Meeting the Technology Literacy Challenge, Preparing Tomorrow’s Teachers to Use Technology Program (PT3), National Educational Technology Plan, Exploring Virtual Schools entre otros. A su vez, los diversos estados que configuran Norteamérica también planificaron sus propios planes de dotación de recursos tecnológicos y de facilitación del uso pedagógico de estas tecnologías.
Por otra parte, en Europa a lo largo de la década de los años noventa se pusieron en marcha distintos tipos de programas que estimulaban y financiaban la planificación y desarrollo de iniciativas dirigidas al uso de los ordenadores y de los servicios telemáticos con fines educativos. Como acabo de señalar, la Comisión Europea siempre ha puesto el acento sobre la educación como motor y catalizador de la expansión de las nuevas tecnologías tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en los sectores estratégicos del tejido y entramado de nuestra sociedad. Este proceso de apuesta europea por la formación puede seguirse a través de la documentación institucional generada en este periodo y por los programas creados. El famoso libro blanco sobre la sociedad del conocimiento elaborado durante la presidencia de J. Delors (Comisión Europea, 1995), los programas como Grutving, Minerva, Comenius, Sócrates, Delta, …, alcanzaron su máxima expresión a través del Programa e-Europe[1] destinado a impulsar la sociedad de la información en la Unión Europea, y cuya traducción educativa es, el actualmente vigente, Programa e-Learning[2] aprobado en la reunión celebrada en Lisboa en 2000. En la presentación de dicho programa se establecieron objetivos clave como la dotación de acceso a Internet a todas las escuelas europeas antes de la finalización del 2001, así como la accesibilidad a Internet desde cada aula, y la formación del profesorado ante las nuevas tecnologías antes de terminar el 2002. Objetivos que no fueron cumplimentados, al menos en nuestro país, en dichos plazos[3].
En el contexto español, la concreción del programa e-Learning se tradujo en el Plan Info XXI hecho público en Vitoria en enero de 2001 por el presidente Aznar y la ministra de Ciencia y Tecnología titular en esas fechas. En dicho plan estaba previsto alfabetizar tecnológicamente a la gran mayoría de la población española. En abril de 2002 fue presentado otro Plan, específicamente elaborado para el sistema educativo no universitario, denominado «Internet en la escuela» del que apenas se conocieron implementaciones reales.
En julio de 2003 el Gobierno de entonces dio por finalizado el plan Info XXI[4] siendo sustituido por el programa España.es el cual desapareció al perder las elecciones de 2004 el Partido Popular por lo que apenas tuvo impacto real sobre la sociedad y el sistema escolar. Dicho Plan nació con la voluntad de articular un conjunto de acciones y proyectos destinados a impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Estaba previsto que tuviera una vigencia de dos años (2004-2005) y nació siguiendo las directrices estratégicas de la llamada Comisión Soto, una comisión de expertos creada en noviembre de 2003 por dicho Gobierno con el fin de analizar la problemática que el desarrollo de la Sociedad de la Información conlleva, tanto para el tejido empresarial como para la sociedad en general[5]. Dentro de este programa la acción destinada al sistema escolar se denominaba educación.es. El objetivo de esta actuación, según el documento oficial del propio Ministerio, era mejorar el sistema educativo integrando las tecnologías de la Información como herramienta habitual en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello, se proponían tres actuaciones que destinadas a las infraestructuras, al sector docente y a los contenidos educativos. La llegada del Gobierno Socialista en la primavera de 2004 supuso la paralización de este Plan, aprobando un año después, en marzo de 2005, un paquete de medidas económicas destinadas a potenciar el desarrollo del programa Internet en el aula[6], así como facilitar la adquisición de ordenadores a bajo precio por parte de las familias con hijos en edad escolar.
Sin embargo, el dato más relevante para el análisis de las políticas educativas en España con relación a la implantación de las TIC en las escuelas es que las mismas están impulsadas por las Administraciones autonómicas. Éstas han emprendido programas y planes institucionales propios para la integración de las tecnologías digitales, especialmente Internet, en los centros educativos como son los casos del Proyecto Medusa en Canarias, Averroes en Andalucía, el Programa Premia en el País Vasco, el Programa Ramón y Cajal en Aragón, Plumier en la región de Murcia, el Proyecto SIEGA en Galicia, EducaMadrid en la comunidad madrileña o el Programa Argo en Cataluña, por citar algunos ejemplos. Aunque este conjunto de programas representan una apuesta decidida por incorporar las nuevas tecnologías a las escuelas en los espacios propios de cada Comunidad Autónoma, el dato preocupante, es la falta de coordinación institucional o la ausencia de foros de encuentro y colaboración entre estos programas autonómicos y los impulsados por el gobierno central. Dicho de otro modo, más que existir un plan global que coordine la integración de las nuevas tecnologías en el conjunto del sistema escolar español en coherencia con las directrices europeas, existen múltiples planes y acciones desarrolladas de modo aislado y exclusivo para el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.
Al igual que en la década anterior el Ministerio de Educación y Ciencia desarrolló (o mejor dicho, sigue desarrollando) sus planes de apoyo a la incorporación de las TICs al sistema escolar a través del portal educativo CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación), y de la puesta en marcha de programas como Internet en el aula. En este programa participan los ministerios de Educación y Ciencia e Industria, Turismo y Comercio, este último a través de la Entidad Pública Empresarial Red,es, en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas (CCAA).
[1] Los objetivos fundamentales declarados de e-Europe son: a) Conectar a la red y llevar la era digital a cada ciudadano, hogar y escuela y a cada empresa y administración; b) Crear una Europa de la formación digital, basada en un espíritu emprendedor dispuesto a financiar y desarrollar las nuevas ideas; y c) Velar por que todo el proceso sea socialmente integrador, afirme la confianza de los consumidores y refuerce la cohesión social. http://europa.eu.int/information_society/eeurope/
[2] Puede verse la página oficial de e-Learning en http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
[3] En el informe Education at Glance de la OCDE (2003) España es uno de los países con peor ratio de estudiantes por ordenador en educación secundaria con una media de 16, frente a los 9 de media de los países OCDE, y distante de los 6 de Francia o los 3 de Suecia o Dinamarca
[4] Fue evidente que Plan Info XXI no estaba alcanzando sus objetivos en los plazos establecidos. Véase los datos publicados en el suplemento Ariand@ (nº 89) de 18 de abril de 2002 del periódico El Mundo en los que se evidencia el desfase económico entre las cifras prometidas y las realmente invertidas.
[5] Información obtenida de la nota de prensa del Ministerio de Ciencia y Tecnología http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/np11-07-03.htm
[6] En marzo de 2005 el gobierno socialista aprobó un presupuesto de 453,512 millores de euros para dicho programa en el periodo 2005-08 destinado a la dotación de infraestructuras a los colegios y los hogares, formación del personal docente y elaboración de materiales didácticos. El programa Internet en el aula está impulsado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencia en convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De dicho presupuesto, 100 millones se destinan a la financiación de la compra de ordenadores por parte de familias con hijos en el sistema escolar.
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